Por lo tanto, 2014 será el cuarto año consecutivo de esta crisis en el que los salarios de los empleados públicos permanecerán congelados y el quinto en el que no crecen, ya que a las congelaciones de 2011, 2012, 2013 y 2014 habría que sumar el recorte salarial de entre el 5% y el 7% que aplicó el Gobierno socialista en 2010 y la supresión de la paga extra de Navidad decidida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.
Pese a la nueva congelación, la Administración reconoce los esfuerzos que se han pedido a los empleados públicos y el servicio “eficaz y profesional” que prestan a la sociedad permitiendo garantizar los niveles de calidad de los servicios públicos y a contribuir a ir superando los retos de la actual coyuntura. En la nota de prensa, Hacienda explica que la política de contención del gasto público sigue siendo una de las claves para la reducción del déficit durante el 2013, por lo que el proceso de estabilidad presupuestaria sigue teniendo un destacado reflejo en los gastos de personal.
En este sentido, recuerda que la masa salarial del conjunto de efectivos del sector público estatal ha experimentado en agosto una reducción del 2,08% frente al 2012, hasta 11.195 millones, lo que ha supuesto un ahorro por esta partida de más de 238 millones de euros. El número de efectivos, por su parte, se ha reducido un 2,95% hasta el 30 de agosto de 2013, hasta 560.111 efectivos, de los que 497.630 son funcionarios (con una reducción del 2,72%) y 62.481 personal laboral (con una reducción del 4,75%).
Por otro lado, el Gobierno también mantendrá congelada la oferta de empleo público en 2014, aunque las limitaciones de no incorporación de nuevo personal no afectarán a determinados sectores prioritarios en los que la tasa de reposición será del 10% como máximo, igual que el año pasado. Estas limitaciones no afectaron el año pasado a la educación, la sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía autonómica y local, las fuerzas armadas, el control y la lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social.
También quedaban fuera el asesoramiento jurídico y la gestión de recursos públicos, la administración de justicia y la acción exterior del Estado. Este año, además, se sumarán los servicios de prevención y extinción de incendios, el personal investigador, la supervisión e inspección de los mercados de valores y la inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo. Por otro lado, las administraciones públicas y las organizaciones sindicales han ratificado el acuerdo de formación para el empleo de las administraciones, aprobado por la Comisión General el pasado 19 de julio, que adapta algunos aspectos relacionados con la gestión de la formación de los empleados públicos de la Administración Local a través de la Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de cada CC.AA.
[FUENTE: elplural.com]
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